Piden cautela con respecto a los esquemas fiscales de Costa Rica sobre las bebidas alcohólicas

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La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) urge a funcionarios gubernamentales y a los sectores industriales de Costa Rica a que consideren las posibles consecuencias no deseadas de la introducción de nuevos esquemas tributarios que afectarán a la industria ya paralizada por el COVID-19 y crearán una escalada del comercio ilícito de alcohol.

Mientras los países buscan acelerar la recuperación económica causada por la pandemia, TRACIT, una asociación comercial independiente sin fines de lucro conocida por su trabajo en la lucha contra el comercio ilícito en todo el mundo, advierte que los gobiernos deben evaluar cuidadosamente las nuevas políticas fiscales antes de implementarlas, a fin de evitar consecuencias no deseadas que podrían generar más costos que ingresos y pueden impulsar inadvertidamente el comercio ilícito de alcohol.

“El comercio ilícito de alcohol en Costa Rica ya es un problema importante, por lo que las medidas que el gobierno tome ahora deben evitar el aumento de la demanda de sustitutos ilícitos y potencialmente peligrosos debido a incrementos impositivos”, dijo Jeffrey Hardy, Director General de TRACIT.

El resurgimiento del proyecto de ley N ° 20.961 introduce un nuevo esquema de timbres fiscales que estarían destinados a mitigar la adulteración y el contrabando de bebidas alcohólicas de contrabando. TRACIT señaló que la implementación de programas similares en la región ha resultado costosa y que su impacto real en la recaudación de ingresos y la prevención del contrabando, la falsificación y otras formas de comercio ilícito de alcohol ha tenido resultados mixtos. En su informe sobre el comercio ilícito de alcohol en Costa Rica TRACIT demuestra que un esquema similar de timbres fiscales en Ecuador fue abandonado luego de determinar que el programa costaba a los contribuyentes tres veces más de los ingresos que generaba.

“Si bien los gobiernos emplean una variedad de mecanismos regulatorios y legales para controlar el consumo nocivo de alcohol y para combatir el alcohol ilícito, es fundamental que los legisladores examinen de cerca el costo y los beneficios de las nuevas leyes antes de considerar su introducción”, dijo Hardy.

A lo largo de la pandemia COVID-19, TRACIT se ha comprometido activamente con varios actores nacionales sobre los impactos negativos de imponer medidas estrictas sobre relativas al alcohol, como las leyes de prohibición de la venta y distribución de bebidas alcohólicas y la introducción de nuevas políticas fiscales onerosas. Cuantiosos ejemplos en la región latinoamericana han demostrado que las respuestas tomadas durante la pandemia que han sido demasiado estrictas, aunque hayan sido formuladas con buenas intenciones, pueden alentar involuntariamente el consumo de alcohol ilícito, atraer a grupos delictivos a la cadena de suministro y tener graves efectos adversos para la salud de los consumidores debido a un mayor contenido de etanol y una posible contaminación con sustancias tóxicas, como el metanol.

“La implementación de cualquier política fiscal, incluida la introducción de esquemas de timbres fiscales, es complicada y tendrá un impacto de gran alcance en las preferencias del consumidor, la fabricación, el comercio y la mezcla de productos legales e ilegales en el mercado”, dijo el Sr. Hardy.

En lugar de incrementar y generar más impuestos, el informe de TRACIT recomienda que Costa Rica considere una cartera de políticas reconocidas que han arrojado resultados positivos para controlar el alcohol ilícito. Esto incluye la combinación de medidas efectivas de seguimiento y ejecución; implementar una regulación holística y realizable; promover la creación de partenariados locales entre el sector privado y el público para alinear a los principales sectores de la industria y el gobierno para definir estrategias contra el alcohol ilícito; y sensibilización sobre el alcohol ilícito, en particular a nivel general, haciendo hincapié en los graves riesgos para la salud asociados con el consumo de alcohol ilícito.

“Quizás una de las medidas más relevantes consistiría en que los gobiernos incrementen las sanciones a los delincuentes que abastecen a los mercados con productos adulterados o contrabandeados a través de las fronteras, que afectan a la salud pública”, dijo Hardy. “Ahora es el momento de sancionar a los delincuentes y al sector empresarial que ya paga impuestos, aporta a la economía local y contrata a miles de costarricenses”.